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El Consejo de la UE acuerda simplificar las normas digitales

Menos avisos de cookies, procedimientos más sencillos para cumplir las obligaciones de protección de datos y un sistema coordinado para comunicar incidentes de ciberseguridad. Estos son algunos de los cambios que plantea el Consejo de la Unión Europea en su posición sobre la simplificación de las normas digitales, con el objetivo de reducir cargas administrativas y mantener altos niveles de protección de los datos personales.

El acuerdo fija el mandato negociador del Consejo, pero no supone la aprobación definitiva de la reforma. La Presidencia del Consejo podrá abrir conversaciones con el Parlamento Europeo cuando esta institución adopte su propia posición.

La iniciativa forma parte del paquete legislativo "Ómnibus VII" y busca facilitar la interpretación y aplicación del marco digital europeo por parte de empresas, administraciones públicas y ciudadanos.

Menos avisos de cookies y notificaciones más coordinadas

Uno de los cambios más visibles para los usuarios afecta a la navegación por internet. El Consejo propone aclarar y ampliar las situaciones en las que no será necesario solicitar consentimiento para instalar cookies, manteniendo el marco de la Directiva sobre privacidad electrónica.

Entre esos supuestos figuran las cookies necesarias para prestar un servicio, medir audiencias o garantizar la seguridad del dispositivo. El propósito es reducir la proliferación de avisos sin eliminar las garantías de privacidad aplicables.

En materia de ciberseguridad, el Consejo se aparta de la propuesta inicial de crear un único punto de entrada para toda la UE. En su lugar, plantea establecer uno nacional en cada Estado miembro para facilitar la notificación de incidentes conforme a las distintas normas europeas.

El sistema se completaría con un punto de información a escala de la UE y con disposiciones para armonizar los procedimientos y gestionar incidentes que afecten a varios Estados miembros. Con ello, se pretende simplificar las obligaciones de las organizaciones y mejorar la coordinación entre autoridades.

Cambios en el RGPD sin modificar la definición de datos personales

El mandato mantiene la definición vigente de datos personales del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). A la vez, incorpora una disposición sobre seudonimización e identificación de personas físicas destinada a facilitar la interpretación de las obligaciones empresariales.

El Consejo también respalda procedimientos más sencillos para tramitar solicitudes infundadas o excesivas y una mayor flexibilidad en determinadas obligaciones de información cuando el riesgo sea bajo.

Otra de las medidas es ampliar el plazo para notificar las violaciones de datos personales. El texto contempla, además, una lista única para toda la UE de categorías de tratamiento que puedan entrañar un alto riesgo para las personas, así como modelos comunes para ayudar a las organizaciones a cumplir sus obligaciones.

En investigación científica, la propuesta apuesta por una definición basada en principios que permita aplicar las normas de forma coherente. También prevé exenciones específicas de determinadas obligaciones para facilitar la actividad investigadora dentro de un marco de garantías.

Para la verificación biométrica y el desarrollo y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial, el mandato introduce salvaguardias en el tratamiento de datos sensibles. Asimismo, aclara las bases jurídicas que pueden legitimar el uso de datos personales en estas actividades.

Los cambios propuestos en el RGPD se reflejarían también en determinadas disposiciones del Reglamento sobre la protección de datos personales por las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE (EUDPR), para mantener la coherencia entre ambos marcos.

Reutilización de datos y secretos comerciales

La reforma también aborda la gestión y reutilización de datos del sector público. El mandato reúne y simplifica las disposiciones sobre altruismo de datos y servicios de intermediación de datos, con la intención de reducir las cargas derivadas de interpretar y aplicar distintas normas nacionales.

Los organismos públicos podrían fijar condiciones diferenciadas y tarifas más elevadas para la reutilización de datos por grandes empresas, especialmente las designadas como guardianas de acceso.

El texto refuerza, además, las garantías frente a la divulgación de secretos comerciales a terceros países. Según la propuesta, estos secretos solo deben revelarse cuando el titular de los datos y el usuario hayan adoptado todas las medidas necesarias para preservar su confidencialidad.

El alcance de la iniciativa incluye asimismo la derogación de determinadas normas del Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas (P2B) y la consolidación del acervo legislativo del mercado único de datos.

Una reforma pendiente de negociación

El paquete "Ómnibus VII" contiene dos propuestas diferenciadas: la relativa al marco legislativo digital y otra centrada en facilitar la aplicación de las reglas armonizadas sobre inteligencia artificial. Esta última cuenta con un acto legislativo aprobado el 29 de junio de 2026.

La iniciativa se integra en la agenda europea de simplificación normativa. En octubre de 2024, el Consejo Europeo pidió dar prioridad a estos trabajos en respuesta a los retos recogidos en los informes de Enrico Letta, Mucho más que un mercado, y Mario Draghi, El futuro de la competitividad europea. Desde febrero de 2025, la Comisión Europea ha presentado doce paquetes ómnibus.

La hoja de ruta "Una Europa, un mercado", firmada por los presidentes del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión el 24 de abril de 2026, establece el objetivo de completar todos los paquetes de simplificación antes de que finalice 2027. El siguiente paso para esta propuesta será la negociación entre el Consejo y el Parlamento Europeo para acordar un marco digital más sencillo y coherente, preservando la protección de los derechos fundamentales.

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